I. Al acercarnos a la figura jurídica del embargo, dos observaciones se nos ponen de manifiesto: a) la falta de correspondencia entre su trascendencia práctica y frecuencia de aplicación, y la escasa atención que el legislador le ha dedicado; y b) la falta de congruencia y de rigor lógico en que incurre la regulación legal del embargo. Estamos en presencia de lo que podría calificarse como un complejo normativo de aluvión, en el que las sucesivas disposiciones se insertaban en los sistemas a la sazón vigentes, sin considerar la diversidad (y a menudo incompatibilidad) de las concepciones a que respondían aquéllas y éstos; en vez de realizarse reformas globales y sistemáticas, los sucesivos hitos legislativos se limitaban a introducir modificaciones puntuales, sin preocuparse debidamente de su armonización con el resto de las instituciones que se proyectaban sobre el mismo ámbito jurídico.

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