Desde la anterior edición de este tratado (1989) algunos importantes acontecimientos han tenido la virtualidad de afectar a su contenido. Son éstos los siguientes.
Por lo pronto, la construcción de la Unión Europea, consecuencia del Tratado de Maastricht, ha tenido que ser recogida en el capítulo correspondiente a la vigencia en España del Derecho Comunitario; téngase en cuenta que el nacimiento de la «ciudadanía europea» ha determinado la necesidad de modificar alguno de nuestros preceptos constitucionales.
En segundo lugar, la promulgación de la tan discutida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992) ha alterado radicalmente cuestiones de la máxima importancia teórico-práctica (como, por ejemplo, la doctrina del silencio administrativo) que han obligado a una cuidada revisión de los cuatro capítulos que constituyen el Título III de este Tratado.

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